Hoy, una coalición de 13 organizaciones representadas por Earthjustice demandó a la administración Trump por debilitar ilegalmente la Regla de Desastres Químicos, un conjunto de medidas de prevención de desastres desarrolladas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) a raíz de varias explosiones mortales y emisiones químicas. Los defensores en todo el país han estado luchando durante años para obtener estas protecciones, las cuales ahora se están eliminando a pesar de la creciente evidencia del peligro que enfrentan las comunidades por dichos desastres.

La EPA estableció la Regla de Desastres Químicos para fortalecer los requisitos de prevención y preparación de las plantas químicas para explosiones y otras catástrofes, así como garantizar una mejor y frecuente coordinación con los socorristas, y reforzar el acceso de la comunidad a la información sobre peligros químicos aledaños. Pero desde que Trump asumió la presidencia, ha tratado de revocar, detener o debilitar estas protecciones. La administración retrasó ilegalmente la regla por más de un año, una medida que fue revocada en la corte gracias a una demanda que Earthjustice litigó. Ahora la EPA ha “enmendado” la regla para eliminar prácticamente todas las medidas de prevención de desastres que estableció y debilitar muchas otras protecciones.

“Al eliminar estas protecciones vitales, millones de personas que viven cerca de instalaciones químicas en los Estados Unidos se ven amenazadas. Estamos luchando por la vida y la seguridad de nuestras familias y trabajadores. Nuestras vidas son más valiosas que los balances finales de unos pocos barones químicos”, dijo la coalición que defiende la regla.

Al desarrollar la regla, la EPA determinó que las protecciones anteriores no pudieron evitar más de 2.200 incendios químicos, explosiones, fugas e incidentes similares durante un espacio de 10 años, incluidos más de los 100 por año que causaron lesiones. La EPA también dijo que las protecciones de la Regla de Desastres Químicos son necesarias para salvar las vidas de los trabajadores, los socorristas y los residentes de la comunidad.

“La reversión de partes de la Regla de Desastres Químicos que salvan vidas no solo es ilegal, es irresponsable”, dijo la abogada de Earthjustice Emma Cheuse. “En cambio, la EPA debería hacer su trabajo y garantizar que las compañías químicas hagan todo lo que esté a su alcance para mantener seguras a comunidades aledañas y evitar el peor de los escenarios. Ahora que la EPA de Trump ha intentado nuevamente eliminar estas protecciones y poner las preferencias de las compañías químicas sobre la seguridad de los menores en zonas de peligro, no tenemos más remedio que ir a los tribunales”.

La demanda se produce solo semanas después de que una planta química explotara en Port Neches, Texas, desplazando a unas 50 mil personas e hiriendo a otras ocho cuando el fuego emanó columnas tóxicas de 1,3-butadieno y otros carcinógenos al aire. Esta instalación está protegida por la actual Regla de Desastres Químicos. Sin dicha regla, esta planta no tendrá que realizar una evaluación de alternativas más seguras para sus operaciones ni estar sujeta a una auditoría de seguridad independiente. De igual manera, esa planta no se verá obligada a aplicar las lecciones aprendidas de este incidente para evitar problemas futuros, o incluso capacitar a todos los supervisores responsables para gestionar procesos químicos peligrosos. Contrario a la justificación de la EPA para derogar estas reglas de seguridad, la aplicación previa en esta misma instalación bajo el marco regulatorio preexistente no pudo evitar este desastre que hizo que los niños faltasen a la escuela, y continuó requiriendo albergue en el lugar una semana después del incidente para intentar reducir la exposición tóxica.

The Guardian
Miles son evacuados luego de una serie de explosiones en la planta química de Port Neches, Texas

Casi 180 millones de estadounidenses viven en zonas donde puede ocurrir un desastre químico. Al menos uno de cada tres niños va a una escuela cerca de una instalación de productos químicos peligrosos. Alrededor de 12.500 instalaciones industriales en todo el país usan, almacenan o administran productos químicos altamente peligrosos que cuentan con la protección de la Regla de Desastres Químicos. El nuevo ataque de la EPA a la Regla de Desastres Químicos se produce unos dos años después de que la misma agencia la suspendiera ilegalmente para evitar que entrara en vigencia. Después de una demanda en la que Earthjustice representó a comunidades afectadas por desastres químicos en todo el país, y en la que también participó el United Steelworkers Union y once estados, un tribunal federal restableció la regla y dijo que la suspensión de la EPA hizo “una burla del estatuto”. EPA no recurrió esa resolución.

Earthjustice representa a las siguientes organizaciones: Union of Concerned Scientists, Environmental Integrity Project, Sierra Club, Coalition For A Safe Environment (Wilmington, CA), California Communities Against Toxics, Del Amo Action Committee, Louisiana Bucket Brigade, Air Alliance Houston, Community In-Power & Development Association (Port Arthur, TX), Texas Environmental Justice Advocacy Services, Clean Air Council (Filadelfia, PA), Utah Physicians for a Healthy Environment y Ohio Valley Environmental Coalition (Virginia Occidental).

Para obtener más información sobre lo que sucedió cuando la regla se suspendió ilegalmente (en inglés).

Para leer los comentarios de esta coalición sobre la regla de reversión propuesta (en inglés).

Declaraciones:

Dr. Brian Moench, fundador de Utah Physicians For A Healthy Environment: “En Utah, numerosas plantas petroquímicas están lo suficientemente cerca de nuestros centros de población que la salud y la seguridad de cientos de miles de personas están en riesgo de explosiones, accidentes, químicos fugas y emisiones tóxicas de operaciones meramente normales. Cuando la EPA de Trump retiró las modestas protecciones implementadas por la administración anterior, envió una señal clara a los ciudadanos de Utah de que nuestras vidas no importan tanto como las ganancias de la industria. No podemos quedarnos sentados y permitir que se convierta en política pública. Esta administración debe rendir cuentas por su desprecio temerario por la salud y la seguridad de los estadounidenses en todo el país”.

Hilton Kelley, fundador y director ejecutivo de Community In-Power & Development Association: “Hacer retroceder la Regla de Desastres Químicos es una sentencia de muerte para muchas personas en el área de Port Arthur / Port Neches de Texas y en otros lugares. El desastre de TPC en Port Neches / Grove es un claro ejemplo de la necesidad de esta regla. Siempre que haya industrias contaminantes que manejen grandes cantidades de productos químicos peligrosos, los socorristas y las comunidades deben saber a qué estamos expuestos y la EPA debe prevenir estos desastres antes de que sucedan”.

Neil Carman, director de aire limpio del Capítulo de Lone Star del Sierra Club y copresidente del equipo nacional de aire limpio del Sierra Club: “El desmantelamiento de la Regla de Desastres Químicos por parte de la administración Trump elimina las protecciones que tienen sentido común. Como resultado, docenas de comunidades de Texas, y personas en todo Estados Unidos, serán puestas en peligro. El desastre del Día de Acción de Gracias en Port Neches demuestra por qué estas medidas de seguridad son tan necesarias”.

El Dr. Andrew Rosenberg, director del Centro para la Ciencia y la Democracia del Union of Concerned Scientists: “Apoyamos a las comunidades de línea de cerca y las organizaciones de base que luchan por su salud y seguridad. La reversión de estas reglas pone vidas en riesgo y no brinda beneficios reales. No podemos permitir que se suspenda”.

Yvette Arellano, investigadora de políticas y defensora de base para t.e.j.a.s: “Nadie debería tener que vivir, ir a la escuela o jugar en parques aledaños a instalaciones petroquímicas o refinerías de petróleo. Todos estarían de acuerdo con esto, pero estas son las condiciones de vida de muchas comunidades en todo el país, incluida la nuestra. Nuestra realidad incluye incendios químicos, explosiones y emisiones fugitivas. Esto sucedió en Denver, Colorado, hace solo unas semanas, para los residentes cerca de la refinería Suncor. Estamos solicitando protecciones de la EPA. Tenemos derecho a pedir protecciones de nuestros órganos rectores. Cuando miles de familias en todo el país se ven obligadas a abandonar sus hogares o se les ordena quedarse encerrados porque el aire es tóxico, tenemos un problema. Cuando los niños comienzan a vomitar en las escuelas debido al aire tóxico, tenemos una crisis de derechos humanos. Siempre hay un costo para progresar, pero sabemos que nada es más valioso que una vida humana”.

Anne Rolfes, directora, Louisiana Bucket Brigade: “Esta regla proporcionaría una protección fundamental para todos nosotros. Es obvio, y la única razón por la que se ha retrasado es porque los intereses especiales de la voraz industria del petróleo, el gas y la química mandan en esta administración”.

Jane Williams, directora ejecutiva de California Communities Against Toxics: “Es inconcebible que esta administración abandone estas medidas para prevenir desastres químicos. La comunidad de primera línea junto a la refinería Suncor en Denver se ha unido recientemente a comunidades en California, en Houston y Port Arthur, Texas; Filadelfia, Pensilvania; las Ciudades Gemelas en Wisconsin y docenas de otras comunidades que se han enfrentado a las consecuencias de un desastre químico desde que este presidente fue elegido. Necesitamos prevenir estos desastres químicos y ahora tendremos que volver a los tribunales para que la EPA no abandone nuestras comunidades”.

Vivian Stockman, directora ejecutiva, Ohio Valley Environmental Coalition (OVEC): “En comparación con la población en su conjunto, las comunidades que son mayoritariamente afroamericanas, latinas y empobrecidas viven desproporcionadamente a lo largo de las líneas de la cerca de plantas petroquímicas peligrosas. Las personas aquí ya enfrentan múltiples peligros y riesgos para la salud. Las acciones de la administración Trump para borrar estas protecciones mínimas no solo son ilegales, también son inmorales, desmesuradas, racistas y clasistas, y deben ser indagadas”.

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