Esta es una publicación de blog de la invitada especial Ingrid Vila, fundadora de Cambio y antigua Secretaria de Gobernación de Puerto Rico. 

Además de los riesgos fiscales y económicos, el pueblo de Puerto Rico debe enfrentarse a otra amenaza: la propuesta de construcción de un incinerador municipal de residuos sólidos (o MSW, por sus siglas en inglés) con una capacidad de 2,100 toneladas al día en un municipio de la costa norte llamado Arecibo.

Aunque éste sería el primer incinerador MSW en la isla, no es la primera vez que se hace la propuesta. Previos intentos para instalar incineradores en Puerto Rico en los ochentas y a principios de la década de los 2000 fueron rechazados por acciones ciudadanas y comunitarias.

La empresa detrás del incinerador en Arecibo, Energy Answers, también construyó un incinerador en Albany, Nueva York que fue clausurado en los 90s después de que se encontrara hollín proveniente de sus instalaciones en el césped de la casa oficial del gobernador.

La declaración del impacto ambiental (o EIS, por sus siglas en inglés) que el gobierno de Puerto Rico preparó en el 2010 para evaluar al incinerador, uso información incorrecta y obsoleta sobre el crecimiento de la población, generación de residuos, objetivos de reciclaje, emisiones, fuentes de agua e impactos en la salud, el medio ambiente y la economía. Aparte, el estudio EIS local no evaluó alternativas, no consideró adecuadamente los problemas de justicia ambiental y no analizó sistemas ambientales delicados, que incluyen bosques, reservas de humedales y hábitat para especies en peligro. Las deficiencias del estudio EIS local fueron sustanciales, sin embargo fue aprobado en un período de 30 días a través de un proceso que se burló de la participación del público.

La oposición de la población local hacia el incinerador está basada en el hecho que las comunidades de Arecibo han sufrido de injusticia ambiental por décadas. Arecibo es la sede de muchas actividades industriales contaminantes, incluyendo una operación de reciclaje de baterías, la cual causó que Arecibo fuera declarada zona de incumplimiento por la Agencia Federal de Protección al Medio Ambiente (EPA) por exceder los límites de contaminación del aire por plomo. Los ciudadanos están muy conscientes de los riesgos a su salud y al medio ambiente asociados con las cenizas tóxicas y las emisiones con contenido de mercurio, plomo,  cadmio y dioxinas que serían emitidas por el incinerador, al igual que las nano-partículas que no están reguladas por la EPA actualmente. Saben que por la chimenea de un incinerador lo que brota no es precisamente la buena salud.

El incinerador también requiere de 2.1 millones de galones de agua al día que ahorita se encuentran recargando acuíferos y humedales. Debemos tomar en cuenta que la sequía que aqueja a Puerto Rico en estos momentos—e incluso sin sequía— le quitaría reservas de agua vitales para la gente y el medio ambiente de Puerto Rico para dárselas al incinerador. El incinerador también reprimiría iniciativas locales para aumentar las tasas de reciclaje (actualmente en un 14 por ciento, en promedio) y de adopción de procesos de emisión cero que ayudan a crear empleos.

Los alcaldes de la zona se oponen al proyecto. Los municipios tienen autoridad legal sobre la recolección y eliminación de residuos en la isla. Aun así, el gobierno de Puerto Rico firmó un contrato con Energy Answers que obligaría a los municipios a acarrear sus residuos al incinerador. Las municipalidades ya dijeron que ellos no darán cumplimiento a lo pactado por el aumento a las cuotas de descarga y los costos de transporte (un incremento calculado en un 38 por ciento) y porque afectaría esfuerzos locales de reciclaje. Los alcaldes ya dijeron que van a impugnar en los tribunales cualquier intento que los obligue a llevar la basura de sus comunidades al incinerador. Sus presupuestos raquíticos no aguantan los costos adicionales, pero el proyecto no es viable sin la garantía de un flujo de desechos proveniente de los municipios.

El proyecto también le ha generado inquietudes a los Congresistas Luis Gutiérrez, Nydia Velázquez y José Serrano, ya que Energy Answers está pidiendo financiamiento al Servicio Rural de Compañías Eléctricas (o RUS, por sus siglas en inglés) del Departamento Federal de Agricultura (USDA) para construir su proyecto. Los tres han expresado su oposición al proyecto por el alto impacto ambiental, económico y a la salud. Le han escrito al Secretario de la USDA Tom Vilsack pidiéndole que niegue la petición de financiamiento que Energy Answers solicitó.

RUS recientemente publicó un borrador del estudio de impacto ambiental que el incinerador causaría y que suscita muchas interrogantes sobre la manera en que la agencia está evaluando el proyecto. El borrador que hizo RUS usa información incorrecta con datos de un estudio de impacto ambiental realizado en 2010 por el gobierno de Puerto Rico. RUS no ha hecho sus propios estudios y se basó en información falsa y obsoleta. Además no se entiende por qué RUS aceptó un proyecto municipal de incineración de residuos sólidos de tal magnitud que emitiría a la atmósfera casi un millón de toneladas de CO2  al año en una clara contradicción a la política sobre cambio climático del Secretario Vilsack, que busca reducir las emisiones del dióxido de carbono. Earthjustice está representando legalmente a cinco grupos que han presentado sus comentarios al borrador del impacto ambiental EIS; Cambio es un aliado en este esfuerzo.

Un análisis objetivo de los datos corregidos y actualizados, demuestra que el incinerador de Arecibo es arriesgado, no es viable económicamente, y tendría resultados negativos para la salud humana, el medio ambiente y la economía. Firma nuestra petición a RUS y ayúdanos en esta importante lucha contra el incinerador Arecibo.

Esta contribución es parte de una serie que celebra el Mes de la Herencia Hispana. Earthjustice va a servir como co-presentador en el Americas Latino Eco Festival, 2015 un evento multicultural que busca unir a líderes latinos del movimiento ambientalista. El festival se va a llevar a cabo del 15 al 17 de octubre en Denver, Colorado.