Grupos de protección de salud y conservación presentaron hoy una demanda en un tribunal federal oponiéndose a la aprobación de un nocivo proyecto de extracción de agua subterránea en el desierto del sur de California. El proyecto de agua de Cádiz, aprobado por la administración Trump sin revisión ambiental, incluye la construcción de un acueducto que cruzaría el Monumento Nacional Mojave Trails–al noroeste de San Bernardino–para llevar agua al condado de Orange y otras zonas costeras.

La demanda señala que la administración de Trump revirtió dos decisiones de la administración Obama y concluyó erróneamente que el acueducto de 43 millas no necesita ningún permiso o aprobación federal de la Oficina de Administración de Tierras (BLM por sus siglas en inglés). El BLM está permitiendo la construcción del acueducto aprovechándose de un permiso ferroviario vigente, allanando el camino para que Cádiz bombee 16 mil millones de galones de agua al año de frágiles manantiales del desierto.

“El proyecto de Cádiz succionará agua del desierto mientras los desarrolladores cuentan dinero”, dijo Ileene Anderson, científica del Center for Biological Diversity. “Este un esquema insostenible de privatización del agua. Bombear aguas subterráneas ancestrales del desierto de Mojave para regar jardines en el condado de Orange devastará la vida silvestre y todo el ecosistema que depende del agua para sobrevivir”.

El proyecto de agua de Cádiz drenaría manantiales del Monumento Nacional Mojave Trails y tierras públicas aledañas, matando a la vegetación y destruyendo hábitat clave para una gran cantidad de animales en declive como la tortuga del desierto, el borrego cimarrón, lagartijas y zorros endémicos de la región. Los hidrólogos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés), determinaron que el proyecto de Cádiz es insostenible y que el estudio financiado con fondos privados de la empresa exagera enormemente la tasa de recarga del acuífero.

“La aprobación del proyecto de Cádiz por parte de la administración Trump es capitalismo clientilista en su máxima expresión”, dijo Adam Keats, abogado principal del Center for Food Safety. “Demasiada vida depende de este valiosa agua subterránea del desierto, pero para Trump, aparentemente lo único que importa es cuánto dinero tienes y quiénes son tus amigos en el gobierno”.

La aprobación del proyecto ocurrió luego del nombramiento de David Bernhardt, subsecretario del Departamento del Interior y ex cabildero de Cádiz. El antiguo empleador de Bernhardt, el bufete de abogados Brownstein Hyatt Farber Schreck, con sede en Washington, D.C., sigue representando a Cádiz.

“Cádiz, Inc. es simplemente otra corporación que busca obtener ganancias vendiendo un recurso público irreemplazable”, dijo Greg Loarie, abogado de Earthjustice que representa a los grupos que presentaron la demanda. “A la administración Trump le encantaría darle a Cádiz un pase libre en torno a nuestras leyes ambientales, pero no vamos a dejar que eso suceda”.

El Center for Biological Diversity y el Center for Food Safey también han presentado solicitudes de documentos públicos que podrían mostrar detalles importantes sobre la abrupta decisión de la administración Trump de permitir que el proyecto de Cádiz avance.

Además de Earthjustice, los grupos están representados por Adam Keats en el Center for Food Safety y Aruna Prabhala y Lisa Belenky en el Center for Biological Diversity.

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