Earthjustice demanda a la administración Trump por nueva regulación de químicos tóxicos que entorpece la protección humana

La Agencia de Protección Ambiental eliminó normas básicas de seguridad química para proteger a familias y trabajadores de productos tóxicos

Contacto de Prensa

Daveon Coleman | Earthjustice | 202.667.4500 ext.5222

Brooke Havlik | WE ACT for Environmental Justice | 212.961.1000 ext.320

Pamela Miller | Alaska Community Action on Toxics | 907.242.9991

Maureen Swanson | Learning Disabilities Association of America | 724.813.9684

Anna Fendley | United Steelworkers | 202.778.3306

Seth Michaels | Union of Concerned Scientists | 202.331.5662

Elyse Tipton | Environmental Health Strategy Center | 207.699.5775

Monica Amarelo | Environmental Working Group | 202.939.9140

Trey Pollard | Sierra Club | 202.495.3058

Earthjustice —representando a organizaciones de consumidores, gente de comunidades de bajos ingresos y de color, pueblos originarios de Alaska, profesores y padres de niños con discapacidades, trabajadores y científicos— ha presentado dos demandas contra la administración Trump por debilitar normas indispensables de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) para regular sustancias tóxicas en productos de consumo cotidiano, materiales de construcción, lugares de trabajo, agua potable y alimentos. Las demandas cuestionan, específicamente, a dos reglas que establecen una normativa base sobre cómo priorizar la revisión de seguridad para sustancias químicas y cómo evaluar los riesgos de dichas sustancias bajo la recién actualizada Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA). Información adicional sobre los casos está disponible aquí y aquí.

Earthjustice presentó la denuncia en una corte federal de San Francisco a nombre de WE ACT for Environmental Justice, Learning Disabilities Association of America, United Steelworkers, Alaska Community Action on Toxics, the Union of Concerned Scientists, Environmental Health Strategy Center, Environmental Working Group y Sierra Club. Las normas en cuestión son piezas claves para permitir a la EPA cumplir su misión de proteger a familias y trabajadores de riesgos químicos, o para permitir que sustancias químicas conocidas como “agentes nocivos”, como el asbesto, puedan utilizarse libremente.

“Después de que el Congreso tomó medidas bipartidistas para actualizar de manera urgente nuestras leyes de seguridad química, la administración Trump les ha dado marcha atrás, dejando a familias y trabajadores en riesgo”, dijo Eve Gartner, abogada de Earthjustice. “Las nuevas normas aprobadas por EPA —supervisadas por un ex funcionario de alto nivel de la industria química con abundantes conflictos de interés— dejarán a niños, trabajadores y comunidades enteras a merced de productos químicos peligrosos. Nuestra demanda busca una cosa: obligar a la EPA de Trump a seguir una línea legal y garantizar que cumpla con su mandato de protección al público”.

En 2016, el Congreso revisó la TSCA por primera vez en 40 años, exigiendo que la EPA hiciera evaluaciones de riesgo exhaustivas en productos químicos, sin importar el costo y con especial atención a los riesgos en poblaciones vulnerables. Pero con la actualización de la administración Trump a dicha ley, varias normas para evaluar la seguridad de productos químicos han sido dramáticamente debilitadas en un esfuerzo por complacer a la industria química. De hecho, uno de los principales funcionarios de EPA encargados de supervisar la redacción de las actualizaciones es la Dra. Nancy Beck, ex funcionaria de alto nivel de la principal asociación comercial de la industria química y plagada de posibles conflictos de interés.

Durante más de seis años, Earthjustice y sus clientes han luchado por reformar la TSCA y asegurar que la EPA pueda proteger adecuadamente al público y al medio ambiente de sustancias químicas nocivas para la salud.

En relación a los litigios, los clientes de Earthjustice hicieron las siguientes declaraciones:

Dra. Adrienne Hollis, Directora de Política Federal para WE ACT for Environmental Justice: “Necesitamos acciones urgentes enfocadas a prevenir exposiciones químicas y regular el uso de químicos. A pesar de ser nativo de la ciudad de Nueva York, lo que el Sr. Trump ignora es que muchos residentes, especialmente aquellos en casas de bajos recursos o de mala calidad, sufren problemas respiratorios, como el asma, desproporcionadamente. Necesitamos conocer los diferentes riesgos de los productos químicos que utilizamos en nuestras comunidades, pues la exposición a menudo agudiza tanto problemas de salud como resultados. Establecer leyes químicas para la salud de nuestras comunidades debe ser una prioridad de la EPA”.

Pamela Miller, Directora Ejecutiva de Alaska Community Action on Toxics: “Los pueblos originarios del Ártico son de las poblaciones más expuestas a nivel mundial y extremadamente vulnerables a problemas de salud asociados con exposiciones químicas, incluyendo trastornos endocrinos, del sistema inmunológico y cáncer. Muchos tóxicos persistentes, incluyendo el HBCD, pueden sobrevivir a viajes largos a través de corrientes atmosféricas y oceánicas, concentrándose en la vida silvestre y en las personas del norte. La EPA tiene la clara obligación de proteger la salud de las poblaciones vulnerables, incluyendo a los nativos de Alaska, quienes dependen de la tierra y el mar para su sustento y cultura. No se puede permitir que las corporaciones químicas sigan violando la salud, los derechos humanos y la integridad de nuestras comunidades del norte y del Ártico”.

Patricia Lillie, Presidenta de Learning Disabilities Association of America: “Necesitamos que la EPA cumpla con su responsabilidad —bajo la TSCA actualizada— de regular productos tóxicos y mantener a salvo los cerebros y los cuerpos en desarrollo de nuestros niños. Pero lejos de cumplir ese propósito, estas nuevas normas otorgan el permiso a la EPA de poder ignorar productos químicos que podrían resultar en exposiciones prenatales o infantiles a sustancias vinculadas con discapacidades de aprendizaje y desarrollo”.

Michael Wright, Director de Salud, Seguridad y Medio Ambiente de United Steelworkers: “Nuestro sindicato ha luchado durante décadas para controlar la exposición de trabajadores a productos químicos dañinos. Desde que el Congreso actualizó la TSCA, seguimos responsabilizando a la EPA y nos aseguraremos que las normas fuertes protejan a trabajadores de enfermedades causadas por exposiciones químicas”.

Dr. Andrew Rosenberg, Director del Centro para la Ciencia y la Democracia, Union of Concerned Scientists: “La misión de la EPA es proteger a la población y al medio ambiente, por lo que sus decisiones deben basarse en el bien público y en la mejor ciencia disponible, no en grupos de presión. Sin embargo, sus nuevas normas no cumplen con esta orden. Al contrario, fueron escritas por una persona relacionada directamente con el corazón de la industria química y reflejan los esfuerzos de varias compañías para socavar la ciencia, que nos mantiene a salvo”.

Mike Belliveau, Director Ejecutivo de Environmental Health Strategy Center: “Obviamente, de todas las fuentes combinadas, la exposición total a un químico peligra más la salud de mujeres embarazadas, niños y trabajadores. Sin embargo, la EPA de Trump ignoró deliberadamente el requisito de ley en donde las evaluaciones de seguridad deben basarse en TODOS los usos de cualquier producto químico. De esta manera, al permitir que algunos o la mayoría de productos de utilización química sean ignoradas, la EPA pretende hacer lo mismo que la nueva ley quiso detener: permitir a la industria química continuar produciendo y vendiendo productos tóxicos con riesgos inaceptables para la salud humana”.

Melanie Benesh, Abogada Legislativa en Environmental Working Group: “Esta administración está en contra de la salud pública. La nueva normativa de la EPA pone en peligro a consumidores cuando oculta las fuentes clave de exposición a productos químicos peligrosos. Por ejemplo, el 1,4-dioxano está ligado al cáncer y es un contaminante utilizado en productos cotidianos de cuidado personal y de limpieza. Pero la EPA ha dicho que no evaluará los riesgos de estas exposiciones solamente porque el 1,4-dioxano es una impureza. Lo cual es absurdo. El cáncer es cáncer, independientemente de cómo acaba un químico en un producto. Las normas de seguridad de la EPA deben tener en cuenta todas las fuentes de exposición, pues no hacerlo es completamente contrario al interés de la salud pública y nocivo para los consumidores”.

Marta Darby, abogada de Sierra Club: “Está claro que la administración Trump hará lo que sea para favorecer a los grandes contaminadores y a la industria química, incluso destruir leyes que beneficien a nuestras familias. Quieren debilitar las leyes que limitan el uso de tóxicos y poner al mando a un miembro de la industria química para gestionarlas. Esto es una receta para el desastre y mantendremos a la administración Trump responsable de lo que ocurra.”

Lee en inglés

 

chemicals
Warning for dangerous liquids.

Es la organización de derecho ambiental sin fines de lucro más importante del país. Desde nuestra fundación en 1971, nuestro litigio ha enfrentado a empresas con criminales niveles de contaminación y a instituciones gubernamentales, logrando un gran número de protecciones básicas para las personas y el planeta. Lea más acerca de Earthjustice.