Un juez federal dictaminó hoy que los propietarios del Dakota Access Pipeline (DAPL) deben detener las operaciones mientras el gobierno realiza un análisis completo para examinar el riesgo que DAPL representa para la tribu Sioux de Standing Rock. La decisión judicial dio una victoria muy reñida a la tribu, que ha estado involucrada en una lucha contra el Dakota Access Pipeline desde 2016 y que se dio a conocer a nivel nacional.

El fallo que ordena el cierre de DAPL indica la última palabra de una decisión alcanzada el 25 de marzo por el mismo juez. Ese fallo determinó que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. había violado la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA) y pasó por alto las devastadoras consecuencias de un posible derrame de petróleo cuando ratifico el permiso de su construcción en 2016. El tribunal ordenó al Cuerpo reexaminar los riesgos del oleoducto y preparar una declaración completa de impacto ambiental, pero dejó abierta la pregunta de si las operaciones del oleoducto se detendrían como un remedio legal a la espera de más información. Después de analizar cuidadosamente la gravedad de las violaciones legales del gobierno y los posibles impactos en la Tribu y otros terceros, la decisión de hoy concluyó que era necesario cerrar el oleoducto.

El cierre permanecerá en su lugar hasta que exista una revisión ambiental completa, que normalmente lleva varios años, además de la emisión de nuevos permisos. Puede depender de una nueva administración tomar las decisiones finales sobre los mismos.

“Hoy es un día histórico para la tribu Sioux de Standing Rock y las muchas personas que nos han apoyado en la lucha contra ese oleoducto”, dijo Mike Faith, presidente de la tribu Sioux de Standing Rock. “Esta tubería nunca debió haberse construido aquí. Les dijimos eso desde el principio”.

“Tomó cuatro largos años, pero hoy se ha hecho justicia en Standing Rock”, dijo el abogado de Earthjustice Jan Hasselman, quien representa a la tribu. “Si los acontecimientos de este año nos han enseñado algo, es que la salud y la justicia deben ser priorizadas desde el principio en cualquier proceso de toma de decisiones si queremos evitar una crisis más adelante”.

Antecedentes

En diciembre de 2016, el gobierno de Barack Obama negó los permisos para que DAPL cruzara el Río Missouri y ordenó una declaración completa de impacto ambiental para analizar rutas alternativas de ductos e impactos en los derechos de los tratados de la tribu. Sin embargo, en su segundo día en el cargo, Donald Trump revocó esa orden y ordenó que se emitieran los permisos. La construcción de la tubería se completó en junio de 2017.

La tribu Sioux de Standing Rock desafió los permisos en la corte y ganó. El tribunal dictaminó en aquel entonces que el análisis ambiental había sido insuficiente porque no tuvo en cuenta las consecuencias que enfrenta la tribu, y ordenó al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. que rehiciera su trabajo. Sin embargo, el juez se negó a cerrar la tubería.

Acto seguido, el Cuerpo del Ejército reconstruyó su análisis ambiental, pero excluyó a la tribu del proceso de revisión y concluyó que su análisis previo había sido suficiente, por lo que no se requeriría ningún cambio. En respuesta y con la representación de Earthjustice, la tribu volvió a la corte. En una moción de juicio sumario presentada en agosto pasado, la tribu solicitó a la corte que cerrara el oleoducto y ordenara al Cuerpo realizar un análisis ambiental completo. La corte accedió a la solicitud de la tribu en un fallo del 25 de marzo de 2020, pero dejó abierta la pregunta sobre el cierre de la tubería por el momento.

La reunión masiva en 2016 de tribus y aliados que defienden el territorio Sioux de Standing Rock de DAPL capturó la atención del mundo y atrajo la cobertura de los medios internacionales. Ayudó a dar lugar a un movimiento global de resistencia indígena a proyectos de infraestructura de combustibles fósiles.

Lea el documento legal (disponible solo en inglés)

Standing Rock Sioux Tribe v. Army Corps of Engineers (PDF)
Standing Rock Sioux Tribe v. Army Corps of Engineers (Text)