Washington, D.C. —

Hoy, la administración Biden confirmó su plan de ofrecer 80 millones de acres del Golfo de México para arrendamiento de petróleo y gas, un plan que Earthjustice afirma es ilegal y contrario al compromiso de este gobierno de tomar cartas en el asunto frente al clima.

El aviso se ingresó oficialmente hoy en el Registro Federal. Entre tanto, durante el fin de semana, se rompió un oleoducto frente a Huntington Beach, California, que ha causado un derrame de más de 126 mil galones de petróleo, obligando al cierre de playas, dejando peces muertos y aves marinas a su paso y diezmando un frágil ecosistema de humedales. Asimismo, la Guardia Costera continúa rastreando las fugas de petróleo en el Golfo de México durante el paso del huracán Ida. A principios de este año, la Oficina de Responsabilidad del Gobierno publicó un informe que muestra que el Departamento del Interior no realiza adecuadas inspecciones submarinas de oleoductos en altamar ni garantiza que las compañías petroleras desmantelen los oleoductos más antiguos y de manera segura.

La administración Biden llevará a cabo la subasta de arrendamiento de petróleo y gas el 17 de noviembre de 2021. El pasado 31 de agosto, Earthjustice presentó una demanda en una corte federal en el Distrito de Columbia contra el Departamento del Interior y la Oficina de Gestión de Energía Oceánica en nombre de Healthy Gulf. Sierra Club, Friends of the Earth y el Centro para la Diversidad Biológica impugnarán la decisión del departamento de realizar la oferta en arrendamiento 257. La demanda argumenta que el análisis ambiental de 2017, en el que la administración Biden confía para realizar la oferta, está desactualizado. Entre otras cosas, ignora una reciente información que muestra los crecientes peligros de las fugas en tuberías.

La siguiente es una declaración de Brettny Hardy, abogada de Earthjustice:

“La decisión de la administración Biden de abrir el Golfo a más perforaciones no solo es hipócrita para sus objetivos declarados de actuar sobre el clima, sino que es ilegal. La administración se basa en un análisis ambiental profundamente defectuoso y desactualizado, en tanto que los demandantes alertaron al Departamento del Interior sobre sus muchos problemas y, sin embargo, siguen adelante con un plan de la administración Trump. Esta es una continuación del comportamiento imprudente e ilegal de la administración anterior, mientras que las repercusiones reales de la perforación en altamar son evidentes por los desastres petroleros que se desarrollan tanto en el Pacífico como en el Golfo. Estamos profundamente decepcionados por el incumplimiento de la ley por parte del gobierno de Biden y sus promesas. Así que los veremos en la corte”.

Contexto:

El análisis ambiental de la oferta propuesta se basa en un modelo inadecuado al concluir que no tener dicho arrendamiento resultará en más gases de efecto invernadero. La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó este enfoque el año pasado. En agosto, un tribunal de distrito federal de Alaska determinó que la misma conclusión era profundamente errónea después de que el Departamento del Interior trató de confiar en ella nuevamente para un gran proyecto de desarrollo petrolero en el Ártico occidental de ese estado.

El Departamento del Interior examinó por última vez los impactos ambientales de una oferta de arrendamiento en el Golfo en 2017. Desde que esa cartera completó su análisis ambiental, ha surgido nueva información significativa que demuestra, entre otras cosas, el terrible estado de la crisis climática y el potencial de un mayor daño a especies en peligro de extinción, incluida la ballena de Rice, una de las más amenazadas del planeta y que solo se encuentra en el Golfo de México.

La semana pasada, la organización Center for American Progress publicó un documento que revela que sectores con intereses en petróleo y gas aportaron un total combinado de $ 4,5 millones a las campañas de los 14 gobernadores y fiscales generales que demandaron a la administración Biden por la pausa de arrendamiento, establecida poco después de que el actual gobierno entrara en funcionamiento a comienzos de este año.

Las propias estimaciones del Departamento del Interior muestran que la venta podría conducir a la producción de hasta 1,12 mil millones de barriles de petróleo y 4,2 billones de pies cúbicos de gas durante los próximos 50 años, lo que contribuirá a un aumento significativo de emisiones de gases de efecto invernadero.