Una coalición nacional de organizaciones pertenecientes a las comunidades de justicia ambiental, recreación al aire libre y conservación presentaron una demanda desafiando el ataque de la administración Trump contra la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA) esta tarde.

La administración creó reglas que desmantelarán componentes vitales de la NEPA a mediados de julio. Según las nuevas regulaciones establecidas por el Consejo de la Casa Blanca sobre Calidad Ambiental (CEQ), los proyectos contaminantes de toda clase estarán exentos de revisiones ambientales básicas, en tanto que el público quedará excluido de una de sus mejores herramientas para prevenir proyectos peligrosos y faltos de claridad.

“Han pasado más de 30 años desde la aprobación de la Ley Nacional de Política Ambiental y las comunidades de justicia ambiental continúan enfrentando los impactos de las decisiones que precipitaron su necesidad”, dijo Kerene N. Tayloe, Esq., directora de asuntos legislativos federales de WE ACT for Environmental Justice. “Los cambios realizados a esta ley ambiental, considerada una piedra angular, socavarán aún más las protecciones básicas, incluido el derecho del público a participar en la toma de decisiones y la obligación del gobierno de estudiar completa y exhaustivamente los impactos para la salud en las comunidades sobrecargadas por la contaminación. También reflejan un desprecio por las comunidades afroamericanas, de color y las que son pobres, además de la falta de voluntad de esta administración para ejecutar leyes de una manera que beneficie a todos los estadounidenses. WE ACT for Environmental Justice se compromete a buscar todas las opciones disponibles para preservar y fortalecer la NEPA para el mejoramiento de todos y todas”.

“La NEPA importa”, dijo Tricia Cortez, directora ejecutiva del Centro de Estudios Internacionales de Río Grande. “Aquí en la frontera, sabemos cómo es un mundo sin la NEPA debido a lo que hemos experimentado con el muro fronterizo. El gobierno de EE.UU. ha renunciado a la NEPA y a docenas de otras leyes federales para apresurar la construcción de un proyecto destructivo y motivado políticamente. No desearíamos esto en ninguna otra comunidad en este país. La sensación es como tener un tren arrollándote sin nada que lo detenga. Para proteger nuestro medio ambiente y nuestra salud, todos y todas debemos salvar a la NEPA”.

“No permitiremos que la administración Trump comprometa nuestros derechos para proteger a nuestras comunidades y la salud pública de los daños asociados con desarrollos industriales sin escrúpulos y destructivos como la minería, el petróleo y el gas y las operaciones militares”, dijo Pamela Miller, directora ejecutiva de Alaska Community Action on Toxics. “Esta es una grave injusticia ambiental y nuestro objetivo es evitar este ataque contra una de nuestras leyes ambientales más fundamentales”.

“La administración Trump eligió la pelea equivocada”, dijo Kristen Boyles, una abogada de Earthjustice que se desempeña como co-asesora en este caso. “Quieren silenciar las voces de las personas de la manera más facil y darles a los contaminadores vía libre para arrasar nuestros vecindarios. Por eso los llevaremos a los tribunales”.

“Hemos derrotado constantemente el implacable y despiadado desmantelamiento de las salvaguardas para las personas y el medio ambiente, y lo haremos nuevamente para esta ley de importancia crítica”, dijo Susan Jane Brown, co-asesora del Western Environmental Law Center. “Una economía próspera no debe entrar en oposición a la protección de los trabajadores y un entorno saludable, ya que depende de ambos”.

Lea la denuncia (disponible en inglés)

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