Earthjustice, en representación de grupos de salud, inmigración y trabajo, presentó hoy una demanda contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU. (HHS) por violar la Ley de Libertad de Información (FOIA) al retener indebidamente registros de la agencia con respecto a la expansión de un centro de detención de menores migrantes en Tornillo, Texas. Esta instalación fue un centro de detención temporal para menores migrantes supervisado por HHS y operado por un contratista privado desde junio de 2018 hasta que la instalación cerró en enero de 2019, en medio de preocupaciones en temas de salud y seguridad. Este sitio sigue en operación para adultos detenidos.

Anteriormente, se enviaron dos solicitudes de FOIA separadas al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al HHS en diciembre de 2018 — justo antes del cierre del gobierno — en busca de registros relacionados con la expansión de la instalación de Tornillo, incluida la revisión ambiental del sitio y el análisis de los impactos de salud y seguridad en esos en detención, entre otros asuntos. La solicitud de FOIA enviada al DHS está siendo procesada a través de su organismo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE.UU., la cual rechazó la solicitud y los grupos apelaron con éxito la determinación de la agencia. Desde que enviamos la solicitud al HHS, hemos recibido únicamente una carta de reconocimiento de la agencia.

“El gobierno estadounidense ha demostrado una y otra vez un desprecio por las regulaciones ambientales y un rechazo absolutamente inmoral por la salud y seguridad de los inmigrantes bajo su custodia”, señaló la coalición de grupos representada por Earthjustice. “¿Cómo podemos confiar en que estas agencias hayan seguido las regulaciones de impacto ambiental apropiadas, si ni siquiera se puede confiar en que brinden derechos humanos básicos a las familias en sus centros de detención? La información que hemos solicitado en esta FOIA es fundamental para comprender hasta dónde ha llegado la mala conducta de esta administración”.

Las anteriores solicitudes de la FOIA han revelado detalles sobre proyectos para múltiples centros de detención de migrantes en bases militares, los cuales pudieran estar ubicados cerca de sitios de desechos tóxicos. Fort Bliss tiene varios sitios considerados “Superfund”, es decir, lugares contaminados que requieren un trabajo a largo plazo para limpiar la contaminación de materiales peligrosos. En Goodfellow Air Force Base, el área donde se habrían construido tiendas de campaña, se localiza directamente sobre un antiguo campo de tiro y adyacente a un relleno sanitario cerrado pero descubierto. La exposición a sustancias químicas tóxicas de estos sitios puede causar cáncer, daños neurológicos, daños al desarrollo y otras enfermedades. Desde entonces, los planes para los centros de detención en estos sitios se han suspendido.

Esta demanda fue presentada en nombre de la Alianza Nacional de Campesinas, Federación Hispana, GreenLatinos y el Labor Council for Latin American Advancement (LCLAA).

Citas Adicionales:

“Como organización de trabajadoras agrícolas, sabemos lo importante que es proteger a las comunidades migrantes y campesinas, incluyendo a sus familias, de los efectos perjudiciales de la exposición a tóxicos”, dijo Mily Treviño-Sauceda de la Alianza Nacional de Campesinas. “Tenemos todo el derecho a conocer los riesgos que implica detener a miembros de nuestras comunidades en condiciones inseguras. No nos quedaremos de brazos cruzados mientras el gobierno ignora la ley y las personas vulnerables permanecen en jaulas durante una pandemia”.

“En medio de una pandemia, es incomprensible que las agencias gubernamentales de nuestra nación se nieguen a divulgar información oportuna y crucial sobre la seguridad y salud de los inmigrantes bajo custodia”, dijo José Vargas, director ejecutivo del LCLAA. “Detener a familias inmigrantes, privarlas de sus derechos humanos básicos y negar el acceso público a esta información representa un riesgo para la democracia de nuestra nación, ya que socava nuestro derecho legal a exigir responsabilidad y transparencia al gobierno”.

“Claramente, no se puede confiar en esta administración para el cuidado de la salud y la seguridad de los menores migrantes vulnerables”, dijo Laura M. Esquivel, vicepresidenta de Política y Defensa de la Federación Hispana. “La negativa del HHS a publicar registros relacionados con la posible exposición a condiciones peligrosas o tóxicas corrobora esa falta de confianza”.

“Esta administración debe rendir cuentas por su continuo e insensible desprecio por la salud y el bienestar de los migrantes detenidos, como lo vemos nuevamente en los centros de detención y su manejo de la crisis generada por el COVID-19, incluido el uso indebido de sustancias químicas tóxicas. Estas acciones intencionales solo sirven para agravar el daño irreparable al bienestar físico y mental de miles de migrantes detenidos bajo políticas inhumanas de dicha administración”, subrayó Esquivel.

“Al comenzar el Mes de la Herencia Hispana, nuestra nación debe reflejar sus valores: las comunidades latinas no pueden ser honradas mientras esta administración no tenga en cuenta la salud y la seguridad de los menores y las familias inmigrantes en la frontera entre Estados Unidos y México”, dijo Mark Magaña, presidente fundador y CEO de GreenLatinos, una red nacional de defensores y defensoras del medio ambiente y la conservación. “El DHS y el HHS mantienen a estos inmigrantes en condiciones inhumanas sin tener en cuenta su bienestar mental, emocional y físico ni sus derechos humanos básicos. Son seres humanos, muchos refugiados climáticos de América Latina, que luchan por sobrevivir y deben recibir protecciones de derechos civiles para salvaguardarlos de peligros ambientales potencialmente tóxicos aledaños o ubicados en esos centros de detención”.

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