Washington, D.C. y San Juan, Puerto Rico —

La semana pasada, el presidente Joe Biden solicitó al Congreso asignar $3 mil millones al Departamento de Energía para financiar sistemas de almacenamiento y energía solar en los techos para las comunidades de bajos y medianos ingresos de Puerto Rico y residentes con condiciones de salud. La solicitud sería parte de un paquete ómnibus mayor.

Además, la administración Biden propone $35 millones adicionales para iniciativas del Departamento que brinden asistencia técnica a agencias y comunidades locales. Si bien recibimos con beneplácito los pasos de la administración para ayudar a Puerto Rico a renovar su red de energía, instamos al presidente y al Congreso a que destinen miles de millones de dólares adicionales para permitir una transición completa de la red a energía solar distribuida y su almacenamiento en baterías. Los expertos que escribieron el informe de Queremos Sol han demostrado que este es un camino más asequible y resistente.

Después del anuncio del presidente Biden, Earthjustice y sus socios, que incluyen grupos de la sociedad civil con sede en Puerto Rico, emitieron la siguiente declaración:

“La solicitud del presidente Biden al Congreso de destinar fondos de recuperación de desastres para energía solar y almacenamiento en techos en Puerto Rico es un paso en la dirección correcta. También debería exigir a FEMA que utilice la cantidad histórica ya asignada de fondos para energías renovables distribuidas para que todos los residentes de bajos y medianos ingresos en Puerto Rico puedan acceder a la resiliencia que salva vidas, y que además pueden proporcionar energía solar y el almacenamiento en los techos”, dijo Ruth Santiago, quien forma parte del Consejo Asesor de Justicia Ambiental de la Casa Blanca y de la junta directiva de Earthjustice.

“Durante mucho tiempo, el pueblo de Puerto Rico se ha visto privado de un servicio de energía confiable, resistente y sostenible. Se agradecen las noticias de que el presidente Biden solicitará $3 mil millones en un suplemento por desastre para energía solar en techos y almacenamiento para hogares de bajos ingresos y hogares con personas que reportan algunas condiciones de salud en Puerto Rico”, dijo Laura M. Esquivel, vicepresidenta de política federal de la Federación Hispana.

“Sin embargo, ese requerimiento está muy por debajo de los $5 mil millones solicitados por 38 miembros del Congreso. Crear un sistema de energía descentralizado y resistente en Puerto Rico no se trata únicamente de alcanzar los objetivos climáticos; es literalmente una cuestión de vida o muerte. La administración Biden también debe asegurarse de que todos los fondos federales asignados a la red de energía de Puerto Rico, incluida la subvención más grande en la historia de FEMA, se utilicen para lograr los objetivos renovables exigidos por la legislación de la isla y que no se inviertan en la dependencia continua de los combustibles fósiles contaminantes”, agregó Esquivel.

“El presidente fue a Puerto Rico para comprender la situación sobre el terreno y vio de inmediato que una red limpia y descentralizada es el único camino a seguir. Me complace saber que los puertorriqueños transmitieran ese mensaje de manera tan efectiva. Tres mil millones de dólares es un gran comienzo, junto con los $500 millones que el Departamento de Vivienda de Puerto Rico ha comprometido para el almacenamiento de baterías y energía solar en los techos, pero los puertorriqueños merecen más”, dijo Raghu Murthy, abogado gerente adjunto del programa de Energía Limpia en Earthjustice.

“Quiero reconocer el trabajo monumental e incansable de grupos locales como Queremos Sol y AERA para que el gobierno federal avance en la dirección correcta con respecto a la transformación energética. El pueblo de Puerto Rico necesita con urgencia un sistema eléctrico con energía renovable distribuida a través de techos solares y almacenamiento, y dicho sistema debe ser uno público que responda a la protección de la energía como un derecho humano. Puerto Rico necesita más y ahora es el momento”, dijo Laura Arroyo, abogada de Earthjustice.