Demanda Impugna Primera Oferta de la 2da Administración Trump Para Petróleo en Alta Mar

Washington, D.C. —

Grupos del Golfo y ambientalistas demandaron hoy a la administración Trump por su decisión de realizar una oferta de arrendamientos de petróleo y gas en alta mar en el Golfo de México, a pesar de las flagrantes violaciones de la ley y las amenazas a las comunidades costeras y la vida silvestre en peligro de extinción.

La Oficina de Gestión de la Energía Oceánica (BOEM, por sus siglas en inglés) del Departamento del Interior planea realizar una oferta de petróleo en 80 millones de acres en el Golfo de México el 10 de diciembre. Al concretar la oferta de petróleo en alta mar, la BOEM anunció que dejaría de cumplir con una de las leyes ambientales fundamentales del país: la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA, por sus siglas en inglés), antes de llevar a cabo esta y otras 29 ofertas planificadas en el Golfo hasta 2040, conforme a la Ley de Reconciliación de 2025. Sin embargo, dicha ley no exime a ninguna oferta de arrendamientos en alta mar de la NEPA.

Al incumplir la NEPA, la BOEM procede ahora sin analizar cómo esta oferta de aguas públicas podría exponer a toda la región del Golfo a derrames de petróleo catastróficos, perjudicar a los rorcuales de Rice — especie en peligro de extinción — y dejar tras de sí un peligroso legado de pozos petroleros, oleoductos y plataformas inactivas. La BOEM tampoco consideró cómo las comunidades del Golfo podrían verse perjudicadas por la oferta masiva de petróleo, a pesar de que a principios de este año el Departamento de Justicia garantizó ante una corte federal que la administración Trump lo haría.

Los grupos piden a la corte que mitigue los peores daños derivados de la oferta, impidiendo la emisión de contratos de arrendamiento y deteniendo las actividades sobre el terreno relacionadas con cualquier arrendamiento vinculado a la oferta hasta que la BOEM cumpla plenamente con la ley.

Earthjustice presentó la demanda en nombre de Friends of the Earth y Healthy Gulf. El Centro para la Diversidad Biológica, el Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales (NRDC) y el Sierra Club también son partes y actúan como co-asesores en la demanda.

“La decisión de la Oficina de Gestión de la Energía Oceánica de ignorar la Ley Nacional de Política Ambiental en esta expansión radical de los arrendamientos de petróleo y gas en el Golfo sienta un peligroso precedente para todas las decisiones ambientales en Estados Unidos. Abrir 80 millones de acres de arrendamientos en el Golfo sin consulta pública causará daños irreparables a los ecosistemas, las especies en peligro de extinción, las zonas costeras productivas y las comunidades del Golfo”, declaró Martha Collins, directora ejecutiva de Healthy Gulf. “ No necesitamos más perforaciones en alta mar en un momento en que las comunidades costeras ya sufren el abandono histórico de la industria del petróleo y el gas. El gobierno federal debe acudir a la región del Golfo para cumplir con su obligación de recabar la opinión pública a través de la NEPA y permitir que se escuche la voz de los habitantes de la costa del Golfo”.

“Si van a subastar 80 millones de acres de nuestras aguas públicas a la industria petrolera, lo mínimo que pueden hacer es no infringir la ley de tantas maneras”, dijo el abogado sénior de Earthjustice. George Torgun. “Estas son las mismas leyes ambientales que el Congreso aprobó hace décadas en respuesta a las consecuencias destructivas de la perforación petrolera en alta mar. Resulta aún más agraviado que la administración Trump desestime el grave daño que esta oferta masiva de petróleo y gas podría causar a nuestras especies de ballenas amenazadas, mientras intenta frenar el desarrollo de la energía eólica marina con el argumento de que se necesita una evaluación ambiental más exhaustiva”.

“Si tienen la sensación de haber vivido esto antes, es porque, una vez más, no nos queda otra opción que demandar al gobierno federal por otra oferta ilegal de arrendamientos”, declaró Hallie Templeton, directora legal de Friends of the Earth. “Ya sea ignorando los impactos sociales y ambientales en las comunidades cercanas o haciendo caso omiso de los graves riesgos para una especie de ballena casi extinta, el gobierno ha violado la ley flagrantemente. No solo eso, sino que además ha actuado con una ética sumamente cuestionable. Por lo tanto, llevaremos de nuevo a la administración Trump ante los tribunales y, como siempre, vigilaremos de cerca la política federal en este ámbito”.

“Abrir 80 millones de acres en el Golfo es una receta para más derrames, más contaminación por carbono y más daños a las comunidades costeras y la vida marina”, dijo Irene Gutiérrez, abogada sénior de NRDC, “Esta oferta se está llevando a cabo sin una revisión ambiental básica y tiene las salvaguardias más débiles que hemos visto en años, y es un paso atrás en materia de clima, energía limpia y un futuro habitable”.

“El plan de Trump de subastar millones de hectáreas de nuestras aguas públicas a las grandes petroleras es un ataque frontal contra las comunidades del Golfo y la fauna marina en peligro de extinción. Si la industria no puede limpiar las plataformas petrolíferas en ruinas y los miles de pozos inactivos que ya contaminan el Golfo, no se le debería permitir perforar nuevos pozos”, declaró Rachel Mathews, abogada sénior del Programa de Océanos del Centro para la Diversidad Biológica. “Esta expansión masiva de la perforación en alta mar traerá consigo una avalancha tóxica de nuevos derrames. Los ejecutivos de la industria petrolera se enriquecerán, y el rorcual de Rice, en peligro de extinción, y las personas que trabajan y viven en la costa del Golfo pagarán un precio terrible”.

“Una vez más, el gobierno de Trump ignora la ley para vender nuestras tierras y aguas públicas”, declaró Devorah Ancel, abogada principal del Programa de Derecho Ambiental del Sierra Club . “La perforación marina tiene consecuencias devastadoras para los ecosistemas costeros, la vida silvestre y las comunidades, y con esta oferta de arrendamientos, el gobierno de Trump ha diseñado una de las ofertas más arriesgadas, contaminantes y éticamente cuestionables de los últimos tiempos. Los llevaremos a los tribunales —de nuevo— porque ningún gobierno puede elegir qué leyes acatar y cuáles infringir”

CONTEXTO

La decisión del gobierno de Trump de celebrar la oferta de diciembre sin cumplir con la NEPA trastoca décadas de precedentes que establecen que las ofertas de arrendamientos en alta mar están sujetas al proceso de revisión ambiental y de comentarios públicos de esa ley.

NEPA fue promulgada en 1970 por el presidente Richard Nixon tras el derrame masivo de petróleo de Santa Bárbara en 1969. Durante más de 50 años, la NEPA ha exigido a las agencias federales que colaboren con las comunidades, analicen los posibles daños ambientales de un proyecto y divulguen dichos daños al público antes de su aprobación. En este tiempo, el Departamento del Interior ha reconocido sistemáticamente que las subastas de arrendamientos en alta mar están sujetas a los requisitos de evaluación ambiental y divulgación pública de la NEPA.

Con esta próxima oferta, el gobierno de Trump no ha analizado el impacto que podría tener sobre el rorcual de Rice, especie en peligro crítico de extinción. Sin embargo, las operaciones petroleras en alta mar en el Golfo están directamente relacionadas con la devastación de la población de los rorcuales de Rice, hasta el punto de que la pérdida de una sola hembra reproductora podría provocar la extinción de la especie, lo que supondría la primera extinción de una ballena de gran tamaño causada por el ser humano en la historia registrada. Mientras tanto, en otros contextos —como sus decisiones de pausar o cancelar proyectos eólicos marinos aprobados— el gobierno de Trump ha citado factores como el daño potencial a la ballena franca del Atlántico Norte (aunque el Servicio Nacional de Pesca Marina afirma en su sitio web que “no existen vínculos conocidos entre la muerte de ballenas de gran tamaño y las actividades eólicas marinas en curso”).

La administración Trump tampoco evaluó el riesgo de derrames catastróficos de petróleo que podrían devastar los ecosistemas, las comunidades del Golfo y las industrias locales, como la pesca y el turismo. Este riesgo ha aumentado con cada reciente oferta de arrendamientos en el Golfo, a medida que las compañías petroleras se adentran en aguas más profundas y peligrosas: más del 60% de las nuevas ofertas de la industria en las últimas cinco ofertas se han destinado a zonas de aguas profundas o ultraprofundas.

Además, las ofertas de arrendamientos anteriores se están convirtiendo en propuestas para nuevos proyectos de alto riesgo en aguas ultraprofundas, como el proyecto “Kaskida” de BP, que requeriría tecnología aún emergente para extraer petróleo en condiciones extremas. (Actualmente, la administración Trump está considerando aprobar Kaskida, a pesar de la insistencia de miembros del Congreso para que lo rechacen debido a las importantes señales de alerta que presenta la propuesta y los riesgos que su aprobación acarrearía para el Golfo). Asimismo, la administración Trump no analizó cómo esta oferta intensificará los impactos dañinos del creciente número de pozos sin sellar y plataformas obsoletas que contaminan el océano.

Mientras el gobierno de Trump se prepara para su enorme subasta de arrendamientos marítimos, la industria petrolera ya cuenta con más de 2 mil arrendamientos activos que abarcan poco más de 12 millones de acres de territorio marítimo en el Golfo de México. Sin embargo, más del 80 % de esos arrendamientos activos aún no han comenzado a producir petróleo y gas. Y Estados Unidos ya produce más petróleo que cualquier otra nación en la historia , la mayor parte del cual se exporta .

Sin embargo, las subvenciones a la industria de los combustibles fósiles no terminan en el Golfo de México: según informes, la administración Trump planea expandir la perforación marítima alrededor del país, incluyendo California , donde no se han realizado ofertas federales de petróleo en alta mar durante décadas, y prácticamente en todas las zonas marítimas de Alaska . Mientras tanto, la Casa Blanca de Trump continúa intentando acabar con otras formas de energía más barata y limpia, como la solar y la eólica, incluso cancelando subvenciones y proyectos que ya habían sido asignados por el Congreso y aprobados por agencias federales.