El Consejo de Calidad Ambiental de la Casa Blanca (CEQ, por sus siglas en inglés) lanzó una propuesta radical para rediseñar la Ley Nacional de Política Pública Ambiental de los Estados Unidos (NEPA, por sus siglas en inglés) con el fin de beneficiar a los grandes contaminadores e intereses especiales corporativos.

Ley Nacional de Política Pública Ambiental surgió luego de décadas de activismo por parte de las personas que demandan una participación en las decisiones que afectan sus hogares, salud y medio ambiente. Aprobada por amplias mayorías bipartidistas en la Cámara y el Senado y ratificada por un presidente republicano, la NEPA ha protegido el aire limpio, el agua limpia y comunidades saludables durante décadas. La ley garantiza que las comunidades tengan voz en la planificación y puedan protegerse de los proyectos federales peligrosos, apresurados o mal planificados al exigir declaraciones de impacto ambiental (EIS, por sus siglas en inglés) y permitir comentarios y revisiones públicas. El proceso de NEPA a menudo da como resultado alternativas más inteligentes y saludables a los proyectos contaminantes.

De acuerdo con algunos estudios, la “mitad de todos los Latinos viven en las ciudades más contaminadas de Estados Unidos, en áreas donde incineradores, plantas de energía y fábricas se agrupan”. Asimismo, los hispanos son más propensos a exponerse a 10 de 14 contaminantes reportados por un estudio de la Universidad de Yale, los cuales están vinculados a enfermedades como asma, problemas cardiovasculares y pulmonares, y cáncer. Estos y otros peligros que enfrentan los hispanos podrían exacerbarse si la administración Trump logra su cometido de debilitar la NEPA.

La siguiente es una declaración de Stephen Schima, asesor legislativo principal que lidera el trabajo de defensa de la NEPA para Earthjustice:

“Considerar el medio ambiente también se trata de considerar a las personas, y esta ley lo hace posible. La ley se basó en décadas de activismo de personas que querían opinar en las decisiones que afectan su salud, sus vidas, sus comunidades y su entorno. Sin ella, el gobierno tendrá más facilidad para permitir que la industria sucia derribe árboles, coloque refinerías junto a escuelas y ponga en riesgo nuestra salud. El pueblo estadounidense tendrá mucha menos información y mucho menos que decir”.

La propuesta de la administración Trump reduciría drásticamente la capacidad de la NEPA para proteger a las comunidades de varias maneras:

Permitir que los “patrocinadores de proyectos”, a menudo vinculados estrechamente a los intereses de los contaminadores, escriban sus propios comentarios: La propuesta de hoy daría efectivamente a los patrocinadores del proyecto en el proceso de NEPA la capacidad de escribir sus propias reseñas, prestando así una plataforma en el proceso de revisión para aquellos que quieran recortar, quemar y contaminar el aire y el agua de las comunidades por encima de sus ganancias.

Restricciones a la opinión pública: El derecho de los ciudadanos a influir de manera significativa en las decisiones federales que afectan a sus comunidades es la garantía más importante de las protecciones actuales que ofrece la NEPA. La propuesta publicada hoy previene revisiones completas y exhaustivas con el requerido aporte público. Las comunidades vulnerables que carecen de recursos para luchar contra proyectos equivocados o peligrosos se amparan en este mecanismo como herramienta para garantizar que la justicia ambiental sea una consideración central en la planificación.

Reducir el alcance de la revisión de la NEPA y bloquear al público para que no ofrezca alternativas de proyectos. La consideración de alternativas para un proyecto a menudo se llama el “corazón de la declaración de impacto ambiental”. La consideración de alternativas en ocasiones resulta en el descubrimiento de nuevas oportunidades para mitigar el daño ambiental y ahorrar dinero a los contribuyentes. La propuesta de la administración Trump reduciría severamente la revisión de los impactos ambientales y proporcionaría poca o ninguna participación en las decisiones que afectan a sus comunidades, colocando efectivamente nuevas restricciones en el uso de estudios de impacto ambiental.

Institucionalizar la negación climática en la planificación ambiental. La NEPA requiere que las agencias federales consideren no solo los impactos que una decisión federal puede tener sobre el cambio climático, sino también los impactos que el cambio climático puede tener en los proyectos federales como carreteras, puentes y otra infraestructura crítica que este país necesita desesperadamente y que necesita ser construido para soportar mares crecientes, mayores inundaciones y otros acontecimientos climáticos extremos. La nueva guía de la NEPA bajo esta administración es su último intento de socavar la acción climática, luego de retirar la Guía Climática de la NEPA a principios de 2017. Con esta nueva propuesta, el gobierno federal tendría el poder de ignorar los impactos del cambio climático que podrían afectar nuestra infraestructura, así como la salud y seguridad de las comunidades de primera línea en riesgo.

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